El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que da vida a millones de personas en España, se ha suspendido con motivos preventivos desde la Seguridad Social. Dicha prestación está destinada a personas que viven en situación de pobreza, evitando el riesgo de exclusión para personas que viven solas o en una unidad de convivencia. En este caso, desde la Seguridad Social se ha dejado de pagar el IMV debido a una serie de retrasos y problemas de gestión de la Administración. Por tanto, se tratan de causas imputables, por las que en el mes de enero, no se ingresó a cientos de hogares de todas las comunidades autónomas.
Una medida malamente recibida para todas las personas que viven del Ingreso Mínimo Vital
Este problema, que ha causado tal suspensión del Ingreso Mínimo Vital (donde se incluye el CAPI), ha hecho que trabajadoras sociales y ciertos colectivos de ciudadanos, exijan que den por terminado tal medida y de forma inminente. Como hemos dicho anteriormente, las causas no viene provocadas por las personas en situación de vulnerabilidad, los cuales reciben esta ayuda estatal. El motivo está que no se ha hecho correctamente la revisión anual de los certificados de Servicios Sociales.
Desde la Seguridad Social se solicitó a los distintos ayuntamientos que mandaran la acreditación de vulnerabilidad de los hogares el 31 de diciembre de 2024. En este sentido, a la hora de revisar tales documentos, para la actualización, resulta que no se enviaron, por lo que los pagos del Ingreso Mínimo Vital han quedado suspendidos, hasta su presentación. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto?
El problema es de la Seguridad Social y no de los trabajadores sociales
No obstante, hay que recalcar que la Seguridad Social, ha suspendido de forma cautelar otros ingresos a familias, incluso presentado los certificados de servicios sociales. De hecho, según explican desde dicha entidad, se indica que el motivo ha sido la creciente demanda de expedientes y el poco tiempo para actualizarlos, a lo que se suman problemas técnicos, indica la Seguridad Social.
Según la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente, explica que la responsabilidad no están en las trabajadoras de los Servicios Sociales, ya que insisten en que los certificados se mandaron por parte de los ayuntamientos. Por tanto, se achacan desde los colectivos sociales que los problemas son de la Seguridad Social.
Así pues, el Consejo General del Trabajo Social, han denunciado esta situación. Bien, recuerda que puedes estar al tanto sobre otras noticias de economía, visitando dicha sección especializada en el tema.
