La decisión del primer ministro francés Sébastien Lecornu de aplazar hasta 2027 una reforma de pensiones muy contestada reabre el debate sobre cómo sostener las jubilaciones en Europa y sitúa a España en el centro del análisis.
A principios de octubre de 2025, con su futuro político en juego tras dimitir y volver a ser nombrado, Lecornu se comprometió a suspender durante dos años las impopulares reformas de las pensiones. Los diputados socialistas celebraron el anuncio, los empresarios franceses alzaron la voz y el índice bursátil S&P rebajó la calificación crediticia del país por dudas sobre la estabilidad presupuestaria. El texto del que parten estas reflexiones utiliza este episodio para explicar por qué los países europeos, y en particular España, no pueden eludir cambios profundos en sus sistemas de jubilación.
Cómo la crisis de las pensiones en Europa fuerza a subir la edad de jubilación
El documento recuerda que los problemas de fondo de las pensiones europeas están bien identificados. La población envejece, la tasa de natalidad cae, la esperanza de vida aumenta y, como resultado, cada vez menos personas contribuyen a financiar prestaciones que se cobran durante más tiempo.
A ello se suma que los avances tecnológicos reducen el peso de las rentas del trabajo en el producto interior bruto. Muchos sistemas de reparto se diseñaron con una demografía completamente distinta y hoy han quedado desajustados. Mientras en ámbitos como la educación se ajustan recursos a la realidad del alumnado, cualquier intento de revisar la edad de jubilación acaba con miles de manifestantes en las calles de París, Madrid o Bruselas.
Francia, Dinamarca y España muestran caminos diferentes en la reforma de las pensiones
En Francia, la reforma ahora congelada planteaba elevar la edad legal de retiro en dos años, hasta los 64. El texto compara este planteamiento con el de Dinamarca, donde la edad de jubilación se revisa automáticamente cada cinco años en función de la esperanza de vida y ya se ha aprobado un incremento hasta los 70 años en 2040, desde los 67 actuales.
El contraste sirve para ilustrar una idea central: las reformas fracasan porque la política se impone a la economía. Las transiciones demográficas son previsibles, sus costes se pueden cuantificar y existen herramientas políticas para abordarlas, pero chocan con los incentivos electorales y con la desconfianza de la ciudadanía ante cualquier recorte de sus prestaciones.
La propuesta para España apuesta por ajustes automáticos y compensaciones a afectados
Para superar este bloqueo, el documento aboga por un enfoque multidimensional que no se limite a la edad de jubilación. Plantea actuar a la vez sobre el gasto y las cotizaciones, incorporando mecanismos de ajuste automático que adapten las pensiones a las realidades económicas y demográficas. De este modo, el sistema sería más predecible y creíble, y dependería menos de reformas puntuales difíciles de aprobar.
España se utiliza como caso de estudio, aunque las conclusiones se consideran válidas para muchos países europeos, incluida Francia. Una pieza clave es compensar a los trabajadores y jubilados que soporten la mayor parte del ajuste, mediante una transferencia única de activos líquidos del Gobierno a los hogares. Esta vía exige probablemente emitir nueva deuda pública, pero el texto recuerda que las reformas sin compensaciones tienden a revertirse porque los votantes de mayor edad, cada vez más numerosos, bloquean cualquier intento de reducir sus prestaciones si no perciben una compensación clara.
Cinco pilares para lograr un sistema de jubilación sostenible y socialmente aceptable
Sobre esta base se articulan cinco elementos. El primero es introducir un factor de sostenibilidad que ajuste la pensión inicial a la esperanza de vida de cada cohorte, de forma que quien se retire antes reciba una prestación más baja al prever más años de cobro, incentivando así vidas laborales más largas. El segundo es establecer una norma de ajuste automático que actualice derechos y pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera, frente a sistemas que las ligan al índice de precios al consumo, lo que reduce la tasa de sustitución, especialmente en entornos de baja o nula productividad laboral como el español.
El tercer elemento plantea calcular la pensión con las cotizaciones de toda la vida laboral, y no solo sobre los últimos 25 años o periodos reducidos, ya que ignorar los primeros años beneficia a quienes más ganan y debilita la financiación del sistema. El cuarto consiste en eliminar los límites máximos de cotización a la seguridad social manteniendo, sin embargo, las pensiones máximas, de forma que los salarios más altos aporten más sin generar prestaciones superiores. Por último, se propone una compensación única para quienes salgan perdiendo con las reformas, financiada con deuda pública como componente transitorio que facilite una transición justa y reduzca el rechazo social.
Impacto de estas reformas de pensiones en España frente a subidas del impuesto sobre el valor añadido
En conjunto, estas medidas no solo reducirían el gasto futuro en pensiones y mejorarían la sostenibilidad financiera del sistema, sino que también fomentarían el ahorro privado y una vida laboral más prolongada. Si las reformas se anuncian con suficiente antelación, el coste de la transición podría ser menor, porque los hogares tendrían más margen para ajustar consumo, ahorro y decisiones de retiro.
El documento admite que cualquier reforma seguirá siendo polémica y que los gobiernos deberán explicarla con claridad, anticiparse a la reacción negativa de la opinión pública y dejar claro que, sin cambios, serán inevitables incrementos importantes de los impuestos. En el caso de España, los cálculos señalan que sería necesario elevar el impuesto sobre el valor añadido medio en nueve puntos, del 16% al 25%, para mantener indefinidamente el sistema actual. Retrasar decisiones impopulares sobre las pensiones solo prepara el terreno para subidas fiscales aún más difíciles de asumir en el futuro.