El plan del Gobierno para legalizar hasta medio millón de personas que ya viven en el país se contrasta con los modelos de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. El Consejo de Ministros ha aprobado una regularización masiva de inmigrantes tras el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. La medida prevé reconocer a hasta medio millón de personas que puedan acreditar que llegaron a España antes de finales de 2025. La ministra Elma Saiz, expone los beneficios laborales para los trabajadores y las empresas de esta regulación masiva.
Regularización masiva en España para hasta medio millón de inmigrantes
España ya había recurrido a regularizaciones desde la transición democrática; la última fue en 2005, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora el Ejecutivo vuelve a esta herramienta para ordenar una realidad social y laboral que ya existía. Para quienes encadenan años de residencia sin papeles, la medida supone pasar de la economía sumergida a tener permiso, cotizar y acceder a prestaciones. ¿Qué cambia en su día a día? Podrán empadronarse, trabajar con contrato y dejar de vivir pendientes de una posible expulsión.
En lugar de abrir una vía nueva de entrada, la regularización reconoce a quienes ya estaban aquí. Por tanto, el debate se centra en su integración en el mercado laboral y en el impacto de sus cotizaciones sobre el Estado del bienestar.
Europa combina discursos duros con una fuerte necesidad de inmigración
En Francia se ha endurecido el permiso de residencia ‘titre de séjour’: se piden más años, pruebas de idioma y civismo y se refuerzan las expulsiones, aunque los datos del INSEE atribuyen a la inmigración parte del empleo creado y de la bajada del paro.
Italia mantiene una posición ambivalente. El Gobierno de Giorgia Meloni critica la inmigración, pero ha aprobado ampliaciones récord de visados para ciudadanos extracomunitarios, con 450.000 permisos hasta 2025 y otro medio millón hasta 2028, aunque las trabas burocráticas hacen que solo una parte de las solicitudes termine aprobada.
En Alemania no hay regularizaciones colectivas comparables a las del sur de Europa. Las personas en situación irregular solo pueden obtener permiso mediante procesos individuales estrictos tras años en un régimen de ‘tolerancia’, usado después de la crisis de 2015 para quienes no podían ser expulsados por motivos humanitarios.
El Reino Unido nunca ha aplicado una regularización masiva. Desde 2012 rige la política de ‘hostile environment’, que impide a quienes no tienen papeles trabajar legalmente, alquilar vivienda, abrir cuentas bancarias o acceder a muchas prestaciones, y la regularización se limita a vías largas, como demostrar 20 años de residencia para conseguir permisos temporales renovables. En este contexto, se pueden distinguir varios modelos que ayudan a entender mejor la posición de España frente a sus vecinos:
- España: regularización de residentes sin papeles.
- Francia: más requisitos y menos permisos.
- Italia: grandes cupos de visados pero poca aprobación.
- Alemania: procesos individuales largos y años en tolerancia.
- Reino Unido: política restrictiva y regularización tras décadas.
Estos enfoques distintos muestran cómo cada Estado equilibra sus necesidades de trabajadores, la sostenibilidad de su sistema social y el control de las fronteras, con resultados muy diferentes para quienes quieren regularizar su situación. Para visualizar de un vistazo estas diferencias, la siguiente tabla resume las claves principales de cada modelo nacional:
| País | Medida | Rasgo destacado |
|---|---|---|
| España | Regularización | Legaliza residentes previos sin papeles |
| Francia | Permisos más duros | Más requisitos y menos entradas |
| Italia | Visados ampliados | Cupos altos y pocas aprobaciones |
| Alemania | Procesos estrictos | Larga ‘tolerancia’ antes del permiso |
| Reino Unido | Enfoque restrictivo | Sin programas masivos y fuertes límites |
La tabla muestra que la decisión española se sitúa en una posición singular en el marco europeo, al reconocer de manera colectiva a quienes ya estaban integrados de facto, mientras otros países prefieren ajustes graduales, cupos limitados o la resolución caso por caso.