Entra en vigor la amnistía urbanística balear que deja construir en rústico sin agotar el suelo urbanizable.
La nueva ley, ya publicada en el BOIB, facilita edificar en fincas rústicas de municipios con más de 20.000 habitantes para abaratar la vivienda y recortar la burocracia. Quienes lleven al menos cinco años empadronados tendrán prioridad en el acceso.
Baleares estrena hoy una norma que promete sacudir el mercado inmobiliario insular: permite construir en suelo rústico aun cuando quede terreno urbanizable disponible, amnistía expedientes pendientes e impone requisitos de residencia para adjudicar las futuras promociones. El objetivo, según el Govern, es sencillo: aumentar la oferta de casas y, con ello, rebajar unos precios que llevan años disparados.
La nueva ley balear permite construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable
Hasta ahora, los ayuntamientos debían agotar el suelo urbanizable antes de autorizar ladrillo en fincas agrícolas. Con la ley de actuaciones urgentes publicada ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, esa barrera desaparece en municipios de más de 20.000 vecinos. ¿Qué cambia a partir de ahora para quienes sueñan con una casa en el campo? En esencia, se amplía el mapa edificable y se acortan unos trámites considerados “excesivamente complejos” por el Ejecutivo autonómico. Así, de un plumazo, se libera suelo en la Serra de Tramuntana y en áreas de transición que hasta ahora quedaban vetadas.
Antes y después de la reforma, las licencias seguirán exigiendo informes sectoriales, pero el Govern se compromete a simplificar los plazos. De hecho, la norma habla de “desbloquear suelo y reducir plazos” para que las promotoras puedan iniciar obras sin la demora actual.
Cinco años de residencia y preferencia municipal para acceder a las nuevas viviendas
La ley no solo libera suelo: también fija a quién se destinarán las casas. Para el 50 % de las promociones en suelo urbanizable y el 100 % en áreas de transición, será obligatorio acreditar cinco años de residencia en Baleares. Además, tendrán preferencia los empadronados en el propio municipio. Con ello, el Govern pretende que las nuevas viviendas sirvan primero a la población local, desplazando la especulación que eleva el precio del m². Lista de novedades que introduce la norma:
- Autorización de obra en suelo rústico sin agotar el urbanizable en ciudades de más de 20.000 habitantes.
- Amnistía urbanística para regularizar construcciones pendientes, incluidas las de la Serra de Tramuntana.
- Exigencia de cinco años de residencia para optar al 50 % de las VPO en suelo urbanizable y al 100 % en áreas de transición.
- Prioridad para vecinos del municipio y obligación de reservar un porcentaje a vivienda protegida.
Tras este listado, conviene recordar que las VPO resultantes podrán destinarse tanto a compra como a alquiler. El Govern subraya que el “exceso de demanda” es el responsable del encarecimiento de la vivienda: más oferta debería traducirse en precios más razonables.
El Govern defiende la medida para frenar precios y acelerar la tramitación urbanística
El texto legal argumenta que la escasez de suelo urbanizado, unida al impacto del alquiler vacacional, ha tensionado el mercado. Según el Ejecutivo de Marga Prohens, el esfuerzo necesario para comprar una casa crece “por la diferencia entre salarios y precios de compra y por la subida de tipos de interés”. El alquiler tampoco se libra: muchos ciudadanos lo consideran ya inasumible.
| Requisito | Detalle aplicado a las nuevas promociones |
|---|---|
| Años de residencia | 5 años continuados en Baleares antes de la solicitud |
| Prioridad local | Empadronamiento en el municipio de la promoción |
| Reserva VPO | 50 % en suelo urbanizable, 100 % en áreas de transición |
| Trámite inicial | Solicitud de licencia ante el ayuntamiento con informe sectorial reducido |
El Govern insiste en que el “desajuste” entre el ritmo de liberación de suelo y el crecimiento de la demanda agranda la brecha de precios. De ahí que la ley simplifique informes y acorte plazos, confiando en que la construcción agilizada devuelva la vivienda a niveles asequibles. No obstante, ciudadanos y colectivos ecologistas se preguntan si la medida dañará el paisaje rural o si bastará para moderar los precios. Solo el tiempo, y el efecto real sobre la oferta, despejarán la incógnita.
La norma ya está en vigor y marca un antes y un después en la política urbanística balear: más suelo disponible, trámites más breves y cupos de residencia que buscan proteger a la población local. Resta por ver si la ecuación (más obra igual a menos precio) se cumple y cuándo llegará ese alivio al bolsillo. Por ahora, los promotores afinan proyectos y los vecinos hacen cuentas para optar a una casa que, hasta ayer, parecía fuera de su alcance