La afectada, una mujer sevillana de San Juan de Aznalfarache, empezó a cobrar el Ingreso Mínimo Vital en octubre de 2023, después de aportar toda la documentación exigida. Ahora, tras haber cambiado su situación económica y familiar, asegura que la Administración le exige devolver 8.226,65 euros correspondientes a 2022-2023.
La reclamación ha llegado en forma de carta certificada y ha dejado a esta madre trabajadora en una situación de desconcierto. Según relata, solicitó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en noviembre de 2022, pero el expediente se alargó durante meses porque le pidieron numerosos papeles, entre ellos la sentencia de patria potestad, que obtuvo el 22 de junio de 2023.
Cómo fue la solicitud del IMV y por qué tardó más de un año
Tras completar toda la documentación, la ayuda fue aprobada y recibió de una sola vez más de 10.000 euros en atrasos. Además, le concedieron una cuantía mensual de 970 euros con vigencia hasta 2031.
La mujer explica que destinó parte de ese dinero a pagar deudas pendientes y a comprar una moto. Sin embargo, poco después, en noviembre de 2023, comenzó a trabajar en una empresa tras un periodo sin empleo. A partir de ahí, al superar unos ingresos mensuales de algo más de 1.200 euros, dejó de cobrar la cuantía principal del IMV y pasó a percibir solo 57 euros al mes por tener un hijo a cargo.
¿Dónde está ahora el problema? En que la reclamación se refiere al ejercicio 2022-2023, precisamente un periodo en el que, según sostiene, su situación económica era especialmente complicada. En ese momento no tenía derecho a prestación por desempleo y cobraba una ayuda del SEPE de unos 350 euros mensuales.
El plazo de 15 días para responder a la reclamación del IMV
La afectada considera injusto que, después de haber regularizado la situación legal de su hijo, presentar las declaraciones correspondientes y recibir la aprobación de la prestación, ahora se le reclame una cantidad tan elevada.
Según explica, durante años no pudo pedir determinadas ayudas porque la situación legal de su hijo no estaba regularizada. Esa circunstancia fue, precisamente, la que le impidió acceder antes al Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a hacerse cargo de él en solitario desde que era muy pequeño y sin apoyo económico del padre.
Ahora su única vía inmediata es presentar un escrito de no conformidad dentro del plazo de 15 días. De no hacerlo, teme posibles consecuencias administrativas, incluido un embargo. Por eso ha decidido hacer público su caso, con el objetivo de alertar a otras familias que puedan verse en una situación parecida y estudiar qué otras medidas puede adoptar para defender sus derechos.