La Audiencia Provincial de Madrid exige demoler la modificación y devolver la fachada a su estado original, sin importar la tolerancia de obras parecidas en el edificio.
El propietario de una vivienda en Madrid se ve obligado a deshacer el cerramiento de su terraza tras la última sentencia de la Audiencia Provincial. A pesar de que en el mismo edificio existen otras viviendas con reformas similares, el tribunal ha dictaminado que la obra incumple la Ley de Propiedad Horizontal y que, al no contar con el permiso de la comunidad de propietarios, debe derribarse para recuperar la estética original de la fachada.
Por qué la comunidad de propietarios exigió el derribo de la obra sin tolerar casos parecidos
Este conflicto se inició cuando la comunidad reclamó que la nueva estructura, construida con metal y vidrio en lugar del ladrillo original, alteraba los elementos comunes sin su acuerdo previo. ¿Te interesa saber cuál fue la clave legal? La Ley de Propiedad Horizontal exige que cualquier cambio en la fachada cuente con la aprobación unánime de los vecinos, independientemente de si existen otros casos tolerados.
Según la sentencia de febrero de 2025, el propietario debía haber consultado antes a la junta de propietarios. No obstante, este presentó como defensa que había precedentes de reformas similares, por lo que consideraba que la suya no causaba perjuicio alguno. El juzgado de primera instancia no le dio inicialmente la razón a la comunidad, pero, en una segunda instancia, la Audiencia Provincial falló a favor de los vecinos, imponiendo la demolición de la obra.
Cómo afecta la Ley de Propiedad Horizontal a estas reformas en la fachada de las comunidades
La Audiencia Provincial dejó claro que la existencia de otras alteraciones no implica autorización automática para nuevas obras. ¿Por qué? Porque la mera tolerancia no equivale a consentimiento. De ahí que el tribunal destaque que la comunidad no incurre en abuso de derecho ni discrimina a un solo vecino al prohibir la reforma de la terraza.
Para ilustrar este punto, la sentencia subraya que “la preservación de la fachada del edificio” beneficia a todos los propietarios. Eso supone que cualquier intervención que cambie el diseño o los materiales se considere una alteración de los elementos comunes y requiera aprobación expresa.
A continuación, se exponen los principales aspectos que la Ley de Propiedad Horizontal exige para evitar problemas:
- Unanimidad en la junta de propietarios.
- Solicitud formal previa que describa el proyecto.
- Conformidad con la normativa municipal y los estatutos de la comunidad.
- Revisión de posibles perjuicios a otros vecinos.
Ojo con los plazos: todo proceso debe hacerse antes de iniciar la obra, para prevenir sanciones o futuras demoliciones.
Qué opciones legales tiene el afectado para recurrir esta sentencia judicial y defender su cerramiento
Pese a que la Audiencia Provincial ha ordenado la demolición, la sentencia no es firme, de modo que cabe recurso de casación. Sin embargo, este procedimiento exige demostrar que se cumplen los requisitos de admisión, como la concurrencia de interés casacional. En caso de no prosperar, el propietario tendrá que devolver la terraza a su estado original.
A la hora de interponer un recurso o de plantearse nuevas reformas, es recomendable analizar los pasos que exige la comunidad. A continuación, se muestra una tabla con los documentos imprescindibles para solicitar un cerramiento:
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Permiso de la comunidad de propietarios | Acta firmada donde conste la aprobación por unanimidad. |
| Proyecto técnico o memoria descriptiva | Planos y detalles de materiales, con justificación de la obra. |
| Licencia municipal (si procede) | Autorización del ayuntamiento conforme a la normativa urbanística. |
| Informe de impacto en elementos comunes | Valoración de si se altera la estética exterior o se daña a terceros. |
Presentar estos documentos antes de empezar cualquier cambio ayuda a evitar situaciones como la descrita en esta sentencia, en la que la falta de autorización ha conllevado un procedimiento judicial y la consiguiente orden de demolición.