Ministerios e Inspección de Trabajo intensifican los controles sobre quienes cobran el paro y trabajan en negro, advirtiendo de graves consecuencias económicas y legales para ambas partes.
La última ofensiva de la Inspección de Trabajo busca atajar los fraudes cometidos por empresas y empleados que compatibilizan la prestación por desempleo con un empleo sin dar de alta. Se trata de una práctica que, según fuentes oficiales, ha aumentado en los últimos meses, llevando a reforzar la colaboración con los Ministerios de la Seguridad Social y de Trabajo.
¿Puede la empresa ser sancionada por contratar a un beneficiario del paro sin alta en la Seguridad Social? La respuesta es sí. Este tipo de infracción se considera muy grave porque perjudica tanto a la Seguridad Social como a las arcas públicas, al abonarse ayudas destinadas a personas desempleadas que, en realidad, ya están trabajando.
Multas de hasta 225.018 euros para quienes defraudan al SEPE
La normativa vigente clasifica la contratación de trabajadores que cobran el paro como infracción muy grave, con sanciones que pueden llegar a los 225.018 euros en su grado máximo. Cuanto mayor sea el número de afectados y el tiempo de fraude, más elevado será el importe. Además, el trabajador también corre el riesgo de devolver la totalidad de las ayudas percibidas indebidamente.
A continuación, se presenta una tabla con los importes mínimos y máximos de las sanciones establecidas para estos casos:
| Tipo de infracción | Multa mínima | Multa máxima |
|---|---|---|
| Grave | 751 € | 7.500 € |
| Muy grave (grado medio) | 30.001 € | 120.005 € |
| Muy grave (grado máximo) | 120.006 € | 225.018 € |
Estos rangos dependen de factores como la duración de la relación laboral irregular, el número de trabajadores implicados y el perjuicio económico causado.
¿Cuáles son los riesgos de trabajar en negro y defraudar a la Seguridad Social?
Las inspecciones se han vuelto más exhaustivas. Por un lado, las empresas podrían enfrentarse a pagos atrasados de cotizaciones y sanciones administrativas; por otro, el empleado que cobra el paro mientras trabaja ilegalmente debe devolver todo lo percibido y asumir posibles multas adicionales.
En este sentido, advierten que muchos infractores desconocen la gravedad de estas conductas y se exponen a un doble riesgo: el económico y el penal. Basta con un cruce de datos o una denuncia anónima para desencadenar una investigación que puede derivar en multas muy elevadas.
El mercado laboral atraviesa una época de alta rotación y, en ciertos sectores, surgen tentaciones de contratar “en negro” para abaratar costes. Sin embargo, los controles actuales son cada vez más sofisticados y se emplean sistemas informáticos que cruzan datos de la Seguridad Social, el SEPE y las administraciones tributarias. De ahí que el margen para evadir responsabilidades sea cada vez menor.
La Inspección de Trabajo continúa estrechando el cerco sobre quienes defraudan al SEPE, enviando un mensaje claro: el fraude en las prestaciones no quedará impune.