Si bien la crisis de la vivienda lleva años repercutiendo en la vida de los españoles, afectando tanto a inquilinos como a propietarios, se ha retomado un punto crucial en la historia del país. Y es que ahora emerge una nueva consecuencia del polémico suceso protagonizado por Ana Botella y la venta de unas 1.860 viviendas públicas. Entre casas y pisos, la venta se logró a un conocido fondo buitre, Blackstone, a través de sus filiales en España: Fidere y Testa Residencial. A partir de las demandas y la defensa de los damnificados, se ha producido un cambio y actualización que podría ser perjudicial para muchos de ellos.
La venta de viviendas en plena crisis en España
Por un total de 128,5 millones de euros, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid, conocida como EMVS, decidió traspasar estas propiedades a una empresa internacional, generando problemas a quienes llevaban años residiendo en ellas sin mayores inconvenientes y pagando un alquiler asequible para sus bajos ingresos. Ahora, con un nuevo sorteo organizado para aquellos que buscan viviendas aseguradas por la EMVS, se ha mencionado el controvertido caso de Ana Botella. Ante esto, la vicealcaldesa, Sanz, ha optado por no abordar el tema de los alquileres temporales, los posibles desahucios y otros problemas derivados de esta situación.
Por otro lado, una de las personas afectadas por la venta a Blackstone en 2013 decidió alzar la voz. Ella, desde su puesto como presidenta de la AAVVE (Asociación de Afectados y Afectadas por la Venta de Viviendas Públicas de EMVS). Arantxa Mejías, portavoz de más de 1.800 familias afectadas por estas pérdidas de hogar o aumentos en los alquileres, detalló cómo ha evolucionado la problemática desde aquel emblemático suceso. Mejías subrayó que la incomunicación fue uno de los motivos principales de frustración. Ya que nadie se puso en contacto con los afectados ni avisaron a los residentes de que las propiedades habían sido vendidas sin previo aviso.
Además, señaló que el desamparo fue devastador. Ya que la notificación de desahucio fue el primer golpe que recibieron muchos de ellos. Dejándolos a la deriva hasta que el Ayuntamiento de Madrid decidiera intervenir. Entre las quejas adicionales de Arantxa, destaca que aunque la empresa compradora mantuvo a algunos inquilinos en sus viviendas, muchos otros fueron desahuciados por decisión de Fidere. La que optó por no renovar los contratos.
El inicio de una crisis en numerosos hogares de España
Este precedente en Madrid, con la venta de más de 1.800 viviendas a un fondo buitre como Blackstone, colocó a Ana Botella en el ojo del huracán en su momento. Sin embargo, desde entonces, la normalización de estas prácticas ha ido en aumento en España. Aunque la Cámara de Cuentas intervino en 2016, la causa terminó con la absolución de Botella, decisión que sigue siendo polémica, con supuestos acuerdos políticos detrás de lo ocurrido.
Arantxa, como representante de los afectados, advirtió además que convertir el alquiler en un monopolio con fines turísticos puede ser perjudicial para los barrios. Debido a los problemas de convivencia y a la pérdida de esencia y encanto en los mismos. Este problema habitacional no solo afecta a nivel económico. Si no que puede tener graves repercusiones sociales, al sentar un precedente que amenaza con cambiar la convivencia y la identidad de los barrios en España.
