Los municipios que no activen ya las multas en sus Zonas de Bajas Emisiones verán esfumarse la ayuda estatal y, con ella, un probable encarecimiento del billete que puede rondar el 60 %.
El Ejecutivo ha cumplido su advertencia: la financiación estatal al transporte urbano queda condicionada, desde este ejercicio, a que los ayuntamientos sancionen a los vehículos que carecen de etiqueta ambiental. La medida amenaza con doblar el precio de autobús o metro en las localidades que, pese a estar obligadas desde 2023, aún no multan en sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Qué ciudades perderán la subvención y cuánto subirá el billete de transporte público urbano
De las 151 ciudades españolas con más de 40.000 habitantes (todas obligadas a disponer de ZBE) solo 34, encabezadas por Madrid, ya sancionan a los infractores. Otras 45 tienen la zona delimitada, pero aún no ponen multas; y 13, directamente, ni multan ni planean hacerlo a corto plazo. ¿Consecuencia? Los 58 municipios rezagados podrían ver recortado hasta un 1 % de su presupuesto anual, porcentaje que destinaban a equilibrar las cuentas de unos servicios de transporte habitualmente deficitarios.
Antes de la ayuda, el billete medio en una ciudad de 50.000 habitantes rondaba los 0,50 €. Sin subvención, los cálculos municipales elevan el precio a más de 0,80 €. “Es una barbaridad que disuadirá del bus y llevará a muchos al coche”, reconocen fuentes locales.
| Escenario | Precio medio actual | Precio previsto sin ayuda |
|---|---|---|
| Con subvención y ZBE multando | 0,50 € | 0,50 € |
| Con ZBE sin multas | 0,50 € | 0,80 € |
| Sin ZBE ni multas | 0,55 € | 0,90 € |
La tabla anterior ilustra el impacto económico para el usuario medio: cada desplazamiento podría encarecerse hasta 0,40 €, cifra que se multiplica a final de mes.
Cómo afectará la retirada de la ayuda estatal al bolsillo de los viajeros diarios
Pensemos en un trabajador que toma dos autobuses diarios, de lunes a viernes. Con las nuevas tarifas, su gasto pasaría de 20 € a 32 € al mes. ¿Puede tu nómina absorber 12 € extra solo por ir a trabajar? La Federación de Transportes advierte de que el recorte “penaliza a los usuarios cautivos” y contradice los objetivos de descarbonización: menos viajeros y más coches en hora punta.
Además, la decisión llega en plena escalada de precios del combustible y sin un plan alternativo que compense a los ciudadanos de rentas más bajas. Desde las asociaciones vecinales se acusa al Gobierno de “trasladar la presión política a los bolsillos de la gente”.
¿Y si un municipio decide renunciar definitivamente a la ayuda? Los expertos en movilidad avisan de que el impacto se trasladará, tarde o temprano, al precio del billete o al recorte de frecuencias. En consecuencia, la decisión política terminará pagando el viajero.