Su vecina, también titular del inmueble, reclama la retirada del bar en el jardín. El juez aún debe resolver sobre las obras.
Justin Salmon se enfrenta a la petición de derribar el bar en el jardín de su vivienda en Coulsdon, Inglaterra. El caso, puede generar más de 100.000 libras en gastos legales. La cifra corresponde al conjunto del litigio, no a una sanción impuesta. Las obras originales datan de 2018 y el juez aún debe resolver. La disputa exige aclarar si las modificaciones posteriores corrigieron el incumplimiento del contrato.
La vecina también es titular del inmueble
Andrianna Neophytou vive encima del matrimonio Salmon y es, además, la titular del inmueble bajo la figura inglesa del freeholder. La pareja dispone de su vivienda mediante un contrato de larga duración, conocido como lease. Según GOV.UK, este régimen atribuye la vivienda durante un plazo determinado y establece condiciones para su utilización. Por eso, el debate se centra en las obligaciones pactadas. Comparte con otros cerramientos sin permiso comunitario la importancia del consentimiento, aunque las normas aplicables son diferentes.
En 2017, Neophytou autorizó una pérgola básica de madera abierta. Después apareció un cobertizo contiguo y ambas estructuras evolucionaron hasta formar una estancia cubierta. En 2018, el conjunto medía 24 pies, aproximadamente 7,3 metros. Tenía puertas y ventanas de PVC, paredes enlucidas, moqueta, mobiliario y timbre eléctrico. El interior también tenía calefacción e insonorización, según la descripción recogida en el procedimiento. Según la versión expuesta por la demandante, el permiso inicial no amparaba una habitación cerrada destinada a ampliar la vivienda.
Un tribunal rechazó que fuera un simple cobertizo
El enfrentamiento vecinal se agravó en 2020 y Neophytou acudió al First-tier Tribunal, órgano que examinó el cumplimiento del contrato. Según la crónica de The Independent, aquel tribunal consideró que la construcción funcionaba como una sala de estar adicional y necesitaba consentimiento previo. La autorización para levantar esa estancia no se había solicitado ni obtenido. La pareja la había utilizado durante los confinamientos. Salmon, vinculado al Sutton Common Rovers como presidente y secretario, se comprometió después a modificar las instalaciones.
Los cambios se realizaron en 2022, según la exposición del abogado de la demandante. Salmon afirma que retiró puertas, ventanas, moqueta, aislamiento, revestimientos y parte de las paredes. También eliminó el timbre e instaló una división de madera para cerrar un espacio lateral. El resultado fue una zona abierta con barra de bar y un cobertizo anexo. Sin embargo, Neophytou sostiene que permanecieron la estructura y el espacio ocupado por la construcción anterior. Por ello, solicita que se retire completamente.
El bar en el jardín sigue pendiente de una decisión judicial
El abogado Dilan Deeljur, representante de Neophytou, sostiene que las reformas fueron insuficientes. Su argumento se apoya en una cláusula que exige autorización escrita para nuevas construcciones, con una excepción para un cobertizo de uso doméstico. A su juicio, cambiar acabados o colocar carteles nuevos no transforma necesariamente la naturaleza del conjunto. Pide valorar su cubierta, apoyos, base y volumen. Esa es la posición de la demandante, pendiente de que el juez decida si resulta jurídicamente fundada.
La defensa, ejercida por James Culverwell, afirma que ahora existen una pérgola y un cobertizo compatibles con lo pactado. Discute que haya motivos suficientes para ordenar su retirada total. El juez Nicholas Parfitt, del Mayor’s and City County Court, dejó la decisión para una fecha posterior. Otros procedimientos sobre demolición de una terraza sí han terminado con órdenes de retirada, pero este sigue pendiente. La información publicada no permite precisar qué recursos podrán interponerse contra la futura resolución.
La licencia urbanística y el permiso contractual cumplen funciones distintas
La documentación oficial británica aporta una distinción decisiva para quienes tienen una vivienda bajo este régimen. El Leasehold Advisory Service explica que disponer de licencia urbanística no sustituye el consentimiento del freeholder cuando el contrato lo exige. También recomienda comprobar qué partes del inmueble controla cada titular y qué modificaciones están permitidas. Por tanto, antes de construir resulta necesario distinguir la autorización administrativa del permiso contractual. Esta explicación corresponde al sistema inglés y no debe trasladarse automáticamente a una comunidad de propietarios española.
Cuando sea necesaria autorización, el servicio aconseja solicitarla por escrito antes de comenzar y conservar las comunicaciones. La petición puede incorporar planos, descripción de los trabajos, presupuesto y calendario. Las obras no autorizadas también pueden dificultar la venta, la refinanciación o el aseguramiento de la vivienda. Si ya se han ejecutado, recomienda asesoramiento para estudiar una autorización posterior y resolver el conflicto. Estas orientaciones figuran en su guía oficial sobre reformas.