La reforma del crédito al consumo obligará a las entidades a contar con una petición previa y con el consentimiento expreso del usuario antes de activar financiación. También afectará a plataformas digitales y comercios que ofrezcan pagos aplazados con intereses.
El Gobierno quiere cerrar la puerta a una práctica habitual en el mercado del crédito: que una entidad emita tarjetas o amplíe límites sin que el cliente lo haya pedido. Con el anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, cualquier financiación solo podrá hacerse efectiva cuando exista una decisión clara del titular.
La nueva norma del crédito impide ampliar límites sin autorización expresa del cliente
La medida busca corregir prácticas que se habían normalizado durante años. Entre ellas, aumentar el límite disponible en una tarjeta o activar nuevas líneas de crédito como parte de campañas comerciales o de fidelización.
Aunque estas acciones podían presentarse como una ventaja, también abrían la puerta a un endeudamiento mayor del previsto. ¿Qué cambia ahora? Que el banco podrá ofrecer productos, sí, pero no activarlos por su cuenta. Así de claro.
Por qué el Gobierno endurece el control sobre tarjetas y líneas de crédito
El Ejecutivo entiende que la regulación anterior no bastaba. La Ley de Servicios de Pago ya impedía enviar instrumentos no solicitados, salvo renovaciones, pero no frenaba otras fórmulas, como ampliar límites de forma automática o habilitar nuevos créditos ligados a productos ya contratados.
Por eso, la reforma amplía el control y refuerza la protección del usuario financiero. En otras palabras, la concesión efectiva del crédito solo podrá producirse cuando el consumidor confirme que quiere usarlo.
Qué consecuencias tendrá esta reforma para bancos, plataformas digitales y comercios
La nueva regulación también prevé límites al coste del crédito, con especial impacto en las tarjetas revolving, y restricciones en el precio de los descubiertos en cuenta. Además, refuerza las obligaciones de transparencia al ofrecer financiación.
El Banco de España tendrá un papel más relevante en la supervisión. Ese control alcanzará no solo a los bancos tradicionales, sino también a plataformas digitales y empresas tecnológicas que conceden crédito por internet o por aplicaciones móviles.
Además, las empresas que ofrezcan compras a plazos con intereses deberán hacerlo a través de una entidad financiera autorizada o de un intermediario regulado. En caso contrario, no podrán aplicar costes financieros.