La prestación universal por crianza de hasta 200 euros mensuales por hijo se ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, pero aún no tiene ley, requisitos ni fecha. Las familias oyen hablar del pago fijo por menor, aunque de momento solo existe sobre el papel.
El Gobierno de España ha presentado esta ayuda como una medida clave contra la pobreza infantil y algunos mensajes ya la dan por aprobada y próxima a cobrarse. Sin embargo, en estos momentos no hay cuantía cerrada en los documentos oficiales, ni normativa en vigor, ni memoria económica que explique cómo se pagaría.
Qué dice realmente la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 sobre esta ayuda universal
La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 es un plan con 100 metas para orientar las políticas públicas hasta final de década, pero no crea por sí mismo nuevas prestaciones. Entre sus objetivos se incluye aprobar una prestación universal por crianza para el 100 % de las familias con hijos, como herramienta para reducir la pobreza infantil.
En el texto no se menciona la cifra de 200 euros ni se concreta si el pago será mensual, anual, compatible con otras ayudas o sujeto a requisitos de renta. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha explicado que la idea es que todas las familias la cobren y que las de rentas altas la devuelvan vía IRPF, pero esa fórmula tampoco figura en ninguna ley.
Cuánto costaría pagar 200 euros al mes por cada hijo menor
Los estudios disponibles permiten hacerse una idea del coste. El informe “El beneficio de hacer”, elaborado para UNICEF España, calcula que una prestación universal de 200 euros mensuales por menor tendría un impacto anual de unos 18.103 millones de euros, algo más de un punto del PIB y cerca del 5 % del gasto recogido en los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Un análisis de la Fundación Iseak eleva la factura hasta los 19.276 millones de euros al año si la cuantía es de 200 euros, lo que supone alrededor de 1.600 millones al mes. Para un importe de 100 euros, el coste se movería en torno a los 9.000 millones, siempre con carácter universal y sin límites de renta. Es una cifra que obligaría a explicar con detalle cómo se financiaría la medida.
Cómo afectaría la prestación universal de 200 euros a la pobreza infantil
Los mismos estudios apuntan a un impacto notable sobre la pobreza infantil. Las simulaciones de UNICEF España estiman que una prestación universal de 200 euros al mes podría reducir en torno a 7 puntos la tasa de pobreza monetaria de niños y adolescentes y sacar de esa situación a algo más de medio millón de menores.
Otro análisis, realizado por investigadores de la Universidad de Alcalá y la UNED para la Plataforma de Infancia, concluye que una ayuda universal de esa cuantía podría recortar aproximadamente una cuarta parte el número de menores pobres y reducir de forma intensa la profundidad de la pobreza en los hogares con menos ingresos.
Ese diseño universal tiene ventajas y desventajas. Asegura que todas las familias con hijos la conozcan y accedan a ella, evita el estigma de las ayudas solo para pobres y simplifica los trámites, pero también destina parte del gasto a hogares de rentas medias y altas, lo que encarece el coste por cada niño que sale de la pobreza.
Las dudas abiertas sobre requisitos compatibilidades y plazos de la nueva ayuda
Más allá de los cálculos, la principal incógnita es cuándo y cómo se pondrá en marcha. No existe todavía un proyecto de ley ni un real decreto en tramitación, y la prestación solo aparece como meta dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y de la actualización de objetivos aprobada por el Consejo de Ministros.
Plataformas de verificación como Newtral han tenido que desmentir mensajes que daban por aprobada la ayuda de 200 euros por hijo o fijaban 2030 como fecha de inicio, cuando el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 insiste en que, por ahora, es solo una propuesta pendiente de concretar y de dotarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Por ahora, la nueva ayuda de 200 euros por hijo sigue siendo una promesa fuerte sobre el papel, respaldada por estudios y discursos, pero sin la letra pequeña legal y presupuestaria que necesitan las familias para poder contar realmente con ella.