Seis faltas en un papel oficial, ni una más ni una menos, han bastado para disparar la polémica en las oposiciones docentes de Andalucía. La protagonista, Tamara, se presentó confiada: ocupaba el puesto número siete de un total de dieciocho plazas.
Sin embargo, su programación cayó fulminada por “varias faltas de ortografía” y, con ella, la posibilidad de exponer en la prueba oral. Hasta aquí, puro trámite opositor. Lo curioso llegó después: al pedir un justificante de asistencia, se topó con un documento que acumulaba exactamente seis errores ortográficos firmados, palabra por palabra, por la secretaria y la presidenta del tribunal. ¿Exceso de celo corrector o simple mal pulso con la tilde? Sea como sea, la anécdota ha corrido como la pólvora entre los aspirantes.
¿Qué ha pasado exactamente con la programación de Tamara?
El tribunal examinador revisó la programación didáctica de Tamara y la declaró no apta por “faltas de ortografía”, sin especificar cuántas ni cuáles. La consecuencia inmediata fue la eliminación automática de la siguiente fase: la defensa oral ante el mismo tribunal, prevista para la semana siguiente.
Visiblemente contrariada, la opositora aceptó su descuido, pero puso el foco en la rigidez del proceso. “Acepto mi error, lo que me sorprende es el nivel de rigidez y exigencia corrigiendo de algunos tribunales cuando ni ellos mismos tienen esa excelencia profesional”, señaló. Dicho de otra forma: perfección máxima para el aspirante, margen de error generoso para el evaluador.
¿Por qué indigna tanto el justificante con seis errores ortográficos?
Al solicitar la justificación oficial de asistencia, Tamara recibió un folio que exhibía seis faltas: tildes ausentes, acentos de más y alguna que otra mayúscula descarriada. El contraste fue tan flagrante que la opositora lo compartió en redes sociales acompañado de un escueto “Poco más que decir…”.
Para muchos compañeros de aula virtual, ese folio prueba la desigual vara de medir: se penaliza con dureza a quien se presenta, mientras el propio tribunal firma con errores que cualquier corrector automático habría detectado. ¿Resulta exagerado exigir coherencia? A juzgar por los comentarios, no.
Diferencias entre tribunales: el eterno dolor de cabeza opositor
No es la primera vez que los aspirantes denuncian criterios dispares según el tribunal que les toque en suerte. En foros especializados abundan historias de programaciones idénticas con notas opuestas, o de exámenes orales donde la misma respuesta recibe un “excelente” o un “insuficiente” dependiendo de la mesa.
En un proceso donde la nota se decide por décimas, y donde cada plaza se paga, como mínimo, con dos años de estudio intensivo, esa divergencia duele más que un suspenso contundente. De ahí que el caso Tamara sea solo la chispa que reaviva un viejo debate: ¿quién supervisa a los supervisores?
¿Qué pasos prácticos puede dar un aspirante ante un error del tribunal?
Antes de bajar los brazos, conviene moverse con cierta estrategia administrativa.
- Revisar a fondo cualquier documento emitido por el tribunal (justificantes, actas, calificaciones) y anotar los errores concretos: fecha, línea y palabra afectada.
- Presentar reclamación escrita en el plazo oficial, adjuntando copia del justificante y señalando las faltas detectadas.
- Solicitar copia de la corrección o rúbrica utilizada para valorar la programación, si la convocatoria lo permite.
Seguir este miniguion no garantiza la plaza, pero al menos deja constancia formal de posibles irregularidades y evita que la queja se pierda en un simple hilo de redes sociales.
La anécdota de Tamara destapa, una vez más, la tensión entre el ideal de exigencia académica y la realidad burocrática. La perfección absoluta se reclama de puertas para fuera, mientras dentro se cuelan, con tilde o sin ella, errores muy humanos. Por consiguiente, la pregunta queda en el aire: si el tribunal se exige menos que el opositor, ¿quién aprueba realmente el examen de coherencia?