El Gobierno adjudica 14.999,99 euros y evita la licitación abierta, una práctica cada vez más habitual que reduce el control público sobre el gasto.
El Ejecutivo ha vuelto a recurrir a un contrato menor para acondicionar la piscina y el lago artificial del palacio de La Mareta, la residencia vacacional del presidente Pedro Sánchez en Lanzarote. El importe, 14.999,99 euros, queda un céntimo por debajo del límite que obligaría a convocar un concurso abierto, lo que permite adjudicar “a dedo” y sin publicar la documentación completa.
Por qué el contrato menor de 14.999,99 euros esquiva la licitación abierta y despierta dudas sobre la transparencia institucional
La Ley de Contratos del Sector Público fija en 15.000 euros el tope para los contratos menores de obras y servicios. Con solo rebajar un céntimo, Moncloa evita elaborar pliegos, justificar el presupuesto ante terceros y exponer la memoria técnica. ¿Resultado? La información clave, ofertas presentadas, criterios de elección o informes de necesidad, queda fuera del escrutinio ciudadano. ¿No debería conocerse en detalle cómo se invierte cada euro?
Antes de este verano, esa misma residencia ya había acometido reformas de mayor calado: en 2020 se instalaron paneles opacos para blindar la privacidad en la zona deportiva. Aun así, el Gobierno insiste en el procedimiento abreviado, que solo exige solicitar tres presupuestos y, en la práctica, ni siquiera lo garantiza.
Principales razones alegadas por la Administración para usar contratos menores
- Agilizar la tramitación y disponer de los servicios antes de agosto.
- Evitar los plazos de publicación de un concurso ordinario.
- Reducir la carga burocrática tanto para la Administración como para la empresa adjudicataria.
Sin embargo, organizaciones que promueven la transparencia alertan: la excepción se está convirtiendo en norma y erosiona la confianza en la contratación pública.
Así afecta la falta de transparencia a la gestión de la residencia veraniega de Pedro Sánchez y su impacto en el gasto público
La Mareta, diseñada por César Manrique, supera los 30.000 m² e incluye diez bungalós, gimnasio, tres piscinas, pista de tenis, cancha de baloncesto y un extenso jardín. Mantener estas instalaciones implica un coste recurrente que el contribuyente apenas puede fiscalizar si los contratos se trocean o ajustan al céntimo para esquivar controles.
Quien ha visitado el enclave destaca sus atardeceres únicos y el acceso directo al mar; un lujo que Sánchez y su familia disfrutan cada agosto mientras arrecian los casos judiciales que salpican a su entorno. El presidente se ha defendido en el Congreso afirmando ser un “político limpio”, pero la sombra de dudas persiste.
| Concepto contratado | Descripción del servicio | Importe o superficie aproximada |
|---|---|---|
| Mantenimiento de piscina principal | Limpieza, revisión de filtros y nivelado | 14.999,99 € |
| Lago artificial adyacente | Retirada de lodos y tratamiento de agua | Incluido en el contrato |
| Superficie total intervenida | Zona acuática y accesos inmediatos | > 500 m² |
Aunque el gasto parezca menor respecto al presupuesto estatal, la controversia radica en el método, no en la cifra: ¿por qué no licitar de forma abierta cuando se trata de dinero público?
Fechas clave y pasos que el Gobierno ha seguido para adjudicar el mantenimiento de las piscinas sin concurso público
La tramitación arranca en Presidencia, que emite el informe de necesidad y solicita presupuestos a tres empresas. Una vez seleccionada la oferta ,en ocasiones, la única recibida, se firma el contrato menor y se publica solo el anuncio de adjudicación. Todo el proceso puede completarse en dos semanas, muy útil si la familia presidencial quiere llegar a La Mareta con las instalaciones “a punto”.
Según fuentes internas citadas, el presidente aterrizará alrededor del 13 de agosto. Tras unos días de descanso, regresará a una agenda marcada por investigaciones que afectan a su esposa Begoña Gómez, su hermano y altos cargos próximos. Mientras tanto, la factura del verano ya está pagada.
En definitiva, la maniobra de rebajar un céntimo el presupuesto evita el control que una licitación abierta proporcionaría. No hay que ser un lince para advertir que la práctica mina la transparencia y alimenta la crítica social: si el Ejecutivo confía en la pulcritud de su actuación, ¿por qué no someterla a luz y taquígrafos?