En palabras del afectado, Jordi Riera, este asegura sentirse a través de las redes sociales con mucha impotencia y absurdidad legal. La ocupación en España es uno de los grandes problemas que afectan a nuestro país. Los juicios se demoran demasiado y el tiempo que se tarda en poder recuperar una casa es de unos cuatro a nueve meses de media.
Actualmente, se está trabajando en una ley para frenar estos procesos. El pasado viernes, día 3 de enero, se publicó en el BOE la Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia y se fijó su entrada para el día 3 de abril del presente año. Si esta ley entrara en vigor, permitirá juzgar los casos de allanamiento de morada y usurpación en tan solo 15 días.
Aunque hay que afirmar que no está muy claro que llegue a entrar o a aprobarse esta ley, ya que Podemos, reclamó al Gobierno su implantación. Mientras tanto, estos casos siguen sucediendo en España.
El caso de Jordi Riera i Alsina y los okupas
El último de los casos más llamativos fue el que ha denunciado Jordi Riera a través de las redes sociales. Todo comenzó el día 3 de enero cuando Jordi recibe una llamada de un vecino que había escuchado ruidos en el interior de su vivienda. Jordi acudió con su padre hasta el lugar de los hechos. Cuando llegaron se encontraron con que alguien había forzado la entrada. El interior estaba dañado con desechos y mantas por el suelo. Habían derribado la tapia que construyeron hace unos meses después de otro intento de intrusión. Sin embargo, no había nadie dentro y decidieron llamar a un albañil para volver a tapiar.
Mientras esperaban al albañil sucedió lo siguiente: se presentó un hombre de unos 35 años de buen aspecto que exigió entrar. Ellos, los propietarios legales, se negaron. El individuo se marchó y al cabo de unos minutos regresó con dos hombres más. Empezaron a amenazarlos, y mientras intentaban mantener la calma, decidieron llamar a la policía.
¿Qué sucedió con estos individuos?
La policía identificó a los okupas que estaban realizando estas amenazas. Llevaban teléfonos de alta gama y dos se identificaron con pasaportes marroquíes. Uno de ellos tenía una causa penal pendiente. Sin embargo, la policía les recomendó abandonar el piso a los propietarios reales del piso, ya que supuestamente había suficientes pruebas de que era la residencia de los intrusos.
Motivos por los que la policía desalojaron a los propietarios
Uno de los motivos por los que sucedió esto es porque había imágenes grabadas por los propios intrusos de ellos mismos durmiendo en este hogar. Durmiendo entre mantas y cocinando en una casa sin gas, agua ni luz. Los propietarios se negaron a salir, pero los agentes advirtieron de que si no lo hacían podrían ser incluso detenidos.
En boca de Jordi no daban crédito a lo que estaba sucediendo, estaban siendo expulsados de su casa por los okupas.
Cómo se solucionó todo
Los propietarios terminaron saliendo, la policía informó por radio que estos ya entraron en razón y permitió la entrada a los intrusos. Cuando estos atravesaron la puerta, se pusieron a aplaudir y sintieron una máxima humillación. Esa misma noche, según los vecinos, se escuchaban golpes, incluso les informaron de que había entrado más gente.
El caso se encuentra en los juzgados
Al día siguiente de suceder todo esto, se presentó una denuncia en los juzgados. Pero el juzgado no recibió el atestado policial 24 horas después del incidente. La reacción de los vecinos ha sido de total indiferencia o alegando que si no hacen ruido, no molestan. Ante esta situación, Jordi explotó alegando que la ley es ridícula y absurda, priorizando los derechos de los okupas por encima de los propietarios. Todo esto, afirma, es incomprensible.
El caso se encuentra pendiente de que se estudie como urgente o no. Jordi ha pedido una ley justa y ha hecho un llamamiento por medio de las redes sociales afirmando que se debería sacar una ley para permitir determinar de manera clara, con pruebas reales, quién es el dueño de una vivienda.
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