La Agencia Tributaria ha anunciado cambios importantes en el control fiscal que afectarán a los pagos electrónicos a partir de 2025. Estas nuevas medidas, recogidas en un real decreto que está en su fase final de tramitación, buscan reforzar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, promoviendo un sistema más transparente y equitativo. Con la creciente digitalización de los pagos, Hacienda ha decidido implementar un sistema de mayor control sobre las transacciones realizadas con tarjetas de crédito, débito y otros métodos electrónicos, como aplicaciones de pago móvil.
Nuevas obligaciones para entidades financieras
A partir de 2025, las entidades emisoras de tarjetas, ya sean bancos, grandes almacenes, redes de gasolineras o cualquier otra institución que ofrezca estos servicios, estarán obligadas a presentar un informe anual sobre los movimientos financieros de sus clientes. Este informe deberá detallar todas las transacciones realizadas con una tarjeta que, en conjunto, superen los 25.000 euros anuales. La información incluirá datos clave como la identificación del titular de la tarjeta (sea persona física o jurídica), el número total de operaciones realizadas en el año y el importe total de estas transacciones, tanto en compras como en retiradas de efectivo.
Además de esta declaración anual, las entidades financieras deberán reportar de forma mensual a Hacienda todos los cobros realizados por empresarios y autónomos a través de tarjetas o aplicaciones móviles como Bizum o PayPal, sin importar el monto de las transacciones.
Objetivos del real decreto
El principal objetivo de esta normativa es combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Hacienda busca obtener una visión más clara y detallada de los movimientos financieros de gran magnitud, garantizando que estas operaciones sean correctamente declaradas y tributadas. También pretende promover la equidad fiscal, evitando que grandes cantidades de dinero queden fuera del control tributario.
Este esfuerzo no solo se centra en la vigilancia de grandes transacciones, sino que también busca fortalecer el sistema fiscal en general, generando mayor confianza en el proceso tributario y asegurando una redistribución más eficiente de los recursos públicos.
Impacto en empresas y autónomos
Las nuevas obligaciones de reporte por parte de las entidades financieras tendrán un impacto significativo en empresas y autónomos. Los ingresos recibidos a través de tarjetas o aplicaciones móviles serán monitorizados y reportados a Hacienda, lo que exigirá a estos profesionales llevar una contabilidad más rigurosa y justificar adecuadamente cada ingreso recibido. La medida busca reducir el fraude en este sector, un problema persistente en el ámbito de las transacciones electrónicas.
Si bien el aumento del control puede generar preocupaciones en algunos sectores, expertos coinciden en que estas medidas contribuirán a una mayor equidad fiscal, al asegurar que todas las operaciones estén debidamente declaradas y sujetas a los impuestos correspondientes.
Fechas clave y adaptación
Se espera que el real decreto sea aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas, después de pasar por el Consejo de Estado para su informe preceptivo. Una vez aprobado, la normativa entrará en vigor en 2025. La primera declaración anual, sin embargo, se realizará en 2026 y cubrirá los movimientos financieros correspondientes al año anterior. El período de adaptación permitirá a las entidades financieras, empresas y autónomos ajustar sus sistemas de información y contabilidad a las nuevas exigencias. Esto incluye la implementación de tecnologías y procesos que faciliten la recopilación y el reporte de datos a Hacienda.
Aunque esta normativa está principalmente dirigida a controlar grandes transacciones, podría generar inquietud entre los ciudadanos que habitualmente utilizan tarjetas de crédito o aplicaciones móviles para sus compras. Sin embargo, el límite de 25.000 euros anuales por tarjeta excluye a la mayoría de los consumidores habituales. En cambio, las empresas y autónomos serán los principales afectados, ya que deberán enfrentarse a un escrutinio más riguroso de sus operaciones.
Modernización del control fiscal
Con este real decreto, España se alinea con las mejores prácticas internacionales en el control de transacciones electrónicas. El gobierno pretende modernizar la forma en que Hacienda recopila y analiza los datos financieros, adaptándose a la realidad de un entorno económico cada vez más digitalizado y globalizado. Este cambio no solo refuerza la lucha contra el fraude, sino que también permite a la Agencia Tributaria optimizar sus recursos y garantizar una gestión más eficiente de los ingresos públicos.
El reto ahora radica en asegurar que la implementación de esta normativa sea fluida y efectiva, evitando complicaciones para los contribuyentes y las entidades implicadas. Aunque las nuevas medidas suponen un cambio significativo, el objetivo final es lograr un sistema más justo y transparente que beneficie al conjunto de la sociedad.
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