El nuevo real decreto ley, ya publicado en el BOE y pendiente de convalidación, excluye a los propietarios con hasta dos viviendas mientras mantiene la protección a los inquilinos que estén de alquiler en situación de vulnerabilidad. El Gobierno ha replanteado la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026 después de que el Congreso tumbara el anterior decreto omnibus, que incluía la moratoria y otras ayudas sociales.
Qué cambia en la prohibición de desahuciar a personas vulnerables hasta 2026
La idea inicial del Ejecutivo era prorrogar hasta finales de 2026 la imposibilidad de expulsar de sus viviendas a personas vulnerables sin alternativa habitacional. Para ello se aprobó, en el último Consejo de Ministros de 2025, un decreto que impedía el desahucio de estos hogares mientras no se les ofreciera otra solución.
Sin embargo, el 27 de enero el Congreso de los Diputados tumbó el decreto omnibus que agrupaba esa moratoria de desahucios, el bono social y las ayudas por la dana y los incendios de verano. Como consecuencia, el Gobierno se ha visto obligado a presentar por separado un nuevo real decreto ley para intentar salvar todas estas medidas.
La principal novedad se ha pactado con el PNV: los propietarios con un máximo de dos viviendas, o que se encuentren ellos mismos en situación de vulnerabilidad, quedan fuera del alcance de la nueva prohibición de desahuciar. Es decir, la moratoria ya no se aplica a estos pequeños caseros en los mismos términos que a los grandes tenedores. De forma resumida, el contenido esencial del nuevo decreto se puede condensar en estos puntos:
- Extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional y deja fuera de esa moratoria a los propietarios con hasta dos viviendas o en situación de vulnerabilidad.
En definitiva, la norma delimita quién sigue cubierto frente a los desahucios y quién queda ya al margen de ese escudo, cuestión clave para miles de arrendadores e inquilinos que dependen del alquiler para llegar a fin de mes.
Cómo afecta la nueva ley de desahucios a pequeños propietarios e inquilinos vulnerables
Si tienes una o dos viviendas en alquiler, el cambio te afecta de lleno. En caso de que los inquilinos dejen de pagar, se podrá dar por finalizado el contrato de arrendamiento y continuar el procedimiento, sin que la moratoria bloquee el desahucio como ocurría hasta ahora con carácter general.
A partir de ahí, la responsabilidad de encontrar una alternativa habitacional para los residentes vulnerables recaerá en los servicios sociales competentes, que aún no están concretados. ¿Responderán con la rapidez que necesitan las familias en una situación realmente crítica? Esa es una de las grandes dudas que deja el nuevo texto.
En la práctica, la modificación pretende dar un mayor amparo legal a los pequeños propietarios que sufren casos de inquiokupación, evitando que los usurpadores puedan atrincherarse indefinidamente en la vivienda alegando vulnerabilidad económica. Al mismo tiempo, se mantiene la posibilidad de que las personas en una situación extremadamente delicada sean recolocadas en otro lugar mediante la intervención de las administraciones.
El Gobierno confía en que este giro también contribuya a una reactivación del mercado inmobiliario, apoyado en un aumento de la seguridad jurídica que anime a los propietarios a volver a poner en alquiler sus inmuebles. No es un detalle menor para quienes habían retirado su vivienda por miedo a no poder recuperarla. A grandes rasgos, la situación tras la reforma queda así:
| Tipo de propietario | Aplicación de la moratoria |
|---|---|
| Grandes tenedores y fondos de inversión | Se mantiene la prohibición de desahuciar a personas vulnerables. |
| Propietarios con hasta dos viviendas | Puede darse por finalizado el contrato en casos de impago. |
| Caseros en situación de vulnerabilidad | No se les aplica la prohibición en las mismas condiciones. |
Este esquema muestra cómo la carga de la protección se desplaza en parte hacia los grandes propietarios y las administraciones públicas, aligerando la posición de quienes solo cuentan con uno o dos pisos como complemento de ingresos.
Tramitación del real decreto ley de desahucios en el Congreso y posiciones políticas
Aunque la norma ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, todavía debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados. La negociación se presenta complicada, porque el resultado de la votación puede volver a tumbar el texto si el Ejecutivo no suma los apoyos necesarios.
Unidas Podemos ya ha manifestado su rechazo absoluto a la medida, pese a contar con solo cuatro diputados en la Cámara Baja. En la misma línea se sitúan Junts y el Partido Popular, que han anunciado que votarán en contra del nuevo real decreto ley, aunque los populares sí respaldarán la revalorización de las pensiones incluida en otro paquete.
La prohibición de desahuciar a personas sin capacidad económica se aprobó por primera vez en 2020, en pleno contexto de pandemia, para blindar a los hogares sin recursos frente a posibles desahucios en viviendas de grandes tenedores y fondos buitre. Con el tiempo, esta legislación también ha alimentado el fenómeno de la inquiokupación, al conocerse casos de inquilinos que dejaron de pagar la renta y alegaron vulnerabilidad, dejando a muchos propietarios con la sensación de estar atados de pies y manos.
El reto ahora es encontrar un punto de equilibrio entre la protección de las personas en situación límite y la seguridad jurídica de quienes ponen una vivienda en alquiler. La gran incógnita es si el Congreso permitirá que esta nueva versión de la norma siga en pie o obligará de nuevo al Gobierno a rehacerla desde cero.