El Servicio Público de Empleo Estatal ha elevado el tope de rentas para acceder a muchos subsidios por desempleo, fijándolo en el 75% del salario mínimo interprofesional. El nuevo umbral se sitúa en 888 euros mensuales y determina quién puede mantener o solicitar estas ayudas, un límite que también se ve afectado por la evolución del SMI que se está debatiendo para este año en este análisis sobre el salario mínimo en 2026 y sus cifras clave.
Estas prestaciones tienen como objetivo garantizar un ingreso mínimo a quienes pierden su empleo de forma involuntaria. Para cobrarlas no basta con estar en paro: también es necesario no superar un determinado nivel de ingresos mientras se está inscrito como demandante.
Nuevos límites de ingresos del SEPE para acceder a subsidios por desempleo
En el sistema de protección por desempleo conviven prestaciones contributivas y subsidios asistenciales. Las primeras dependen de las cotizaciones previas y no tienen límite de ingresos, mientras que los subsidios sí exigen no superar un tope económico.
En estos subsidios el límite de rentas es determinante. El SEPE exige que los ingresos no superen el 75% del salario mínimo interprofesional para acceder a muchas de estas ayudas. Hoy ese porcentaje se traduce en 888 euros mensuales, cifra que se usa para comprobar si la situación económica del solicitante encaja con una prestación asistencial. Este tope se mueve con la evolución del salario mínimo. Si el SMI pasara de 1.184 a 1.221 euros mensuales, el 75% se situaría en unos 915,75 euros al mes. Estos son los valores de referencia:
| Referencia | SMI mensual (14 pagas) | Límite de ingresos (75% del SMI) |
|---|---|---|
| 2025 | 1.184 € | 888 € |
| 2026 (previsto) | 1.221 € | 915,75 € |
Aunque se baraja una subida futura, en estos momentos el límite práctico siguen siendo los 888 euros mensuales asociados a los datos de 2025.
Cómo afecta el nuevo límite de ingresos del SEPE a las personas desempleadas
¿Quién puede beneficiarse de este límite de ingresos? Principalmente, las personas desempleadas que necesitan acceder a un subsidio asistencial, bien porque han agotado su prestación contributiva, bien porque no reúnen los requisitos para cobrar el paro contributivo, y conviene tener en cuenta que el SEPE ha detallado casos concretos como el de cobrar el subsidio trabajando a medio tiempo cuando se cumple la carencia de rentas.
No basta con estar apuntado al paro: también hay que acreditar que los ingresos personales, o los de la unidad familiar cuando hay responsabilidades familiares, no superan el tope fijado. En estos casos, el SEPE puede dividir las rentas totales entre los miembros computables para comprobar si, de media, se respeta el límite de 888 euros mensuales.
Además, según los criterios utilizados, no solo se tienen en cuenta los sueldos. El organismo valora distintos tipos de rentas que pueden afectar al derecho al subsidio, entre ellos:
Ingresos salariales, pensiones, rendimientos del capital mobiliario o inmobiliario, alquileres, prestaciones y otros ingresos computables de la unidad familiar.
Esto quiere decir que una subida de ingresos, un nuevo alquiler o una pensión añadida pueden marcar la diferencia a la hora de mantener o no la ayuda. De ahí que muchas personas tengan que hacer números con calma antes de tomar decisiones; no es ninguna tontería revisar cada euro si de ello depende seguir cobrando el subsidio.
Qué sucede si se superan los ingresos máximos permitidos por el SEPE
Superar el límite de ingresos no es un detalle menor. Si durante el periodo en que se cobra un subsidio se rebasan los 888 euros mensuales, el SEPE puede suspender la ayuda e incluso iniciar una revisión de oficio para comprobar si se ha percibido indebidamente, y además en 2026 se refuerzan los controles con medidas como la obligación de declarar la Renta para seguir cobrando subsidios en la campaña correspondiente.
En los casos en que se confirme que se ha cobrado el subsidio sin cumplir los requisitos económicos, el organismo puede exigir la devolución de las cantidades recibidas de forma indebida. No solo se trata de dejar de cobrar, sino de tener que reintegrar ese dinero, lo que puede suponer un problema para la economía doméstica.
Por este motivo, conviene revisar con cuidado los ingresos y no gastar todo lo que se cobra si existe la duda de que más adelante puedan reclamar su devolución.