La Inspección de Trabajo detectó indicios de irregularidad en un despido disciplinario pactado tras una baja médica. El Juzgado de lo Social nº 2 de Ponferrada impuso una sanción de 7.501 euros y ordenó devolver las prestaciones cobradas de forma indebida.
Una empresa de León ha acabado sancionada tras descubrirse un intento de fraude a la administración relacionado con el despido de una de sus trabajadoras. Según los hechos, se trató de un falso despido disciplinario con el objetivo de que la empleada pudiera acceder al cobro del paro hasta llegar a la jubilación.
Empresa de León y despido disciplinario simulado para cobrar el paro
La idea, según se expone en la información del caso, era que la trabajadora pudiera percibir la prestación o el subsidio por desempleo hasta alcanzar la edad mínima de jubilación. En el relato se señala que esta se sitúa en 65 años si se han cotizado 38 años y tres meses o más, y en 66 años y ocho meses para quienes no alcanzan esa cifra de cotización.
El intento de fraude se habría producido hace dos años. En ese momento, la mujer, de 62 años, fue despedida “disciplinariamente” apenas un mes después de volver a la empresa tras una baja médica.
La investigación: Inspección de Trabajo detecta indicios tras baja médica y edad
La Inspección de Trabajo puso el foco en el caso al considerar anómalo que una persona en esa situación no reclamase el despido como improcedente. A ello se sumó un elemento clave: la cercanía de la trabajadora a la edad de retiro laboral.
Por este motivo, los inspectores sospecharon de una posible irregularidad, al entender que el contexto del cese, tan próximo al regreso de la baja médica y con la jubilación en el horizonte, podía encajar en un acuerdo para acceder a prestaciones.
El fallo judicial: Juzgado de lo Social de Ponferrada impone multa y devoluciones
Tras analizar lo ocurrido, el Juzgado de lo Social número 2 de Ponferrada descubrió el caso y sancionó a la compañía con una multa de 7.501 euros. Además, la resolución contempla la devolución de las prestaciones indebidas que la trabajadora hubiera cobrado hasta el momento en que se detectó el supuesto fraude.
Contexto adicional: otros casos de simulación de despido y devolución al SEPE
La Inspección de Trabajo pudo identificar este tipo de práctica, según se indica, porque no sería el primer caso con características similares. En la información aportada se menciona otro episodio reciente en el que una trabajadora también habría simulado su despido con la empresa para cobrar el desempleo.
En aquel caso, al conocerse los hechos, el juzgado obligó a devolver 9.500 euros al SEPE por las prestaciones recibidas durante los 14 meses transcurridos desde el supuesto despido hasta que se descubrió la irregularidad.
Impacto: consecuencias económicas y posibles riesgos penales por fraude de prestaciones
Aunque en este caso las consecuencias descritas fueron económicas, se advierte de que la simulación de un despido puede acarrear responsabilidades penales tanto para la trabajadora como para la empresa, al vincularse con el delito tipificado en el artículo 307 del Código Penal.
De hecho, la propia referencia legal incluida en la documentación señala que quien obtenga prestaciones del sistema por medio de simulación o tergiversación de hechos, u ocultación consciente de información, “será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión”. Además, cuando el valor de las prestaciones supera los cincuenta mil euros, se contempla una pena de prisión de entre dos y seis años, junto con la correspondiente multa y la pérdida de acceso a subvenciones y beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro a ocho años.