Hay trabajos que requieren una implicación mayor por parte de los trabajadores con la realización, por ejemplo, de horas extra. Esas horas extra no son gratis para el empleador. La ley establece que deben pagarse y la última medida del Gobierno busca ejercer un mayor control sobre ellas. Determinadas formas de organización desactualizada pueden dar lugar a malos entendidos o retrasos. Este contexto derivó en una discusión que fue motivo de una controvertida polémica judicial a consecuencia de la disparidad de opiniones de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
La medida de la UE para que los empresarios paguen las horas extra
Este contexto llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a intervenir para tomar decisiones. El veredicto por parte del TJUE fue que los estados miembros de la UE deben obligar a los empresarios a implantar un sistema que haga posible el cómputo de la jornada laboral diaria. Fue a mediados de febrero de este año cuando el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó ante la patronal y los sindicatos una nueva iniciativa que pretende convertir este registro en una fórmula “más accesible, fiable y transparente”.
Hablaba de “prescindir del papel, porque es una fórmula de registro fácilmente manipulable y difícil de custodiar, para tender hacia las nuevas tecnologías”, según registra EFE. Puso énfasis en que “es imprescindible para evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto”.
A sus declaraciones se agregan las declaraciones aportadas hace unos meses en TVE de la ministra Díaz, quien señaló la importancia de controlar las horas efectivas de trabajo. “Una cosa más importante será modificar el control horario, su digitalización, de manera que en tiempo real la Inspección de Trabajo conozca las horas que ustedes hacen. La clave está en las irregularidades horarias que tiene España. Y esto se va a acabar”, expuso la exlíder de Sumar.
Actualmente, se permiten tanto los fichajes en papel como en formato telemático. No obstante, el objetivo de la normativa está basado en la obligatoriedad de que “la empresa mantenga un registro diario de jornada, realizado por medios digitales”, de acuerdo al primer borrador de la norma. También busca brindar acceso en cualquier momento a la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y los sindicatos con representación en la compañía a la base de datos recabados por los aplicativos de control horario.
Quienes no paguen las horas extra serán sancionados con hasta 10.000 euros
Desde el 12 de mayo de 2019 es de carácter obligatorio el registro diario de la jornada de la totalidad de los trabajadores españoles. Debe incluirse el principio y final de la jornada, sin perjuicio de flexibilidad horaria. Si se incumple la norma, la sanción puede ir de los 751 euros (si se considera leve) a los 7.500 euros (grave). Esto se daría si la sanción va dirigida a la empresa.
No obstante, esta cuantía podría subir y situarse entre los 1.000 y los 10.000 euros. Esto quiere decir que cada incumplimiento del registro podría ir de la mano de una multa por encima de los 10.000 euros por cada incumplimiento en el caso más grave, según informaron a LA RAZÓN fuentes de la Inspección de Trabajo. Por ejemplo, si detectan diez incumplimientos en una empresa, el castigo económico sobrepasará los 100.000 euros.
Según confirmaron fuentes ministeriales, los técnicos liderados por Díaz ya trabajan en un plan integral para aplicar la nueva normativa. Esta abarca un programa especial sobre el control de registro horario de las compañías. Sin embargo, confirmaron que la aplicación de un plan espacial en este contexto “será imposible de aplicar con los recursos actuales”.
“Llevamos años reclamando que se mejoren los efectivos de la Inspección y hemos sido ignorados. Solo hemos recibido más trabajo, pese a que está firmado por la propia ministra en el Plan Estratégico. Si ahora nos piden más actuaciones, no será posible llevarlas a cabo”, argumentaron.
Lo que está claro es que las empresas deben tener más cuidado que nunca y cumplir al 100% con la normativa para evitar multas. El objetivo es que España tenga un registro mayor de las horas trabajadas (incluyendo las horas extra) a través de un nuevo control digitalizada y en tiempo real.
